Cómo es la nueva Ley de ART a la que adhirió la provincia de Buenos Aires

Legales

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Pretende disminuir la elevada litigiosidad que presenta el sistema para conseguir una mejor eficiencia en la administración de los recursos. La práctica cotidiana y las interpretaciones determinarán sus alcances.

La provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 27.348 (Reg. Resolución SRT 298/2017, B.O. 24/2/2017), complementaria de Riesgos del Trabajo, la que se aplica desde el 17 de enero de 2017 y modifica numerosos aspectos del régimen que desde 1995 regula el sistema de accidentes de trabajo.

En un intento de disminuir la elevada litigiosidad que presenta el sistema, se intenta mediante esta herramienta imponer medidas -las que en su mayoría ya se encuentran consagradas jurisprudencialmente- que logren una mayor eficiencia en la administración de los recursos.

Como punto saliente, la norma reintenta consagrar que el paso ante las Comisiones Médicas sea obligatorio y excluyente de toda otra intervención para cualquier trabajador que sufra un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Este intento se funda en el espíritu de solucionar las controversias en una sede prejudicial, lo que permitiría evitar que los diferentes actores del sistema deban acudir a la justicia para dirimir sus pretensiones.
Recordemos que una vez producido el siniestro, el mismo debe ser denunciado ante la ART en la que el empleador tenga contrato vigente. Luego, eventualmente, el trabajador debe solicitar intervención de la “Comisión Médica Jurisdiccional” correspondiente a: a) su domicilio; b) al domicilio donde presta servicios; c) al domicilio donde habitualmente reporta.

La Comisión Médica Jurisdiccional, deberá determinar naturaleza laboral o no de la enfermedad; y en caso afirmativo, determinar el porcentaje de incapacidad del obrero, así como las prestaciones médicas y dinerarias que le corresponden.
En esta instancia, las partes pueden arribar a un acuerdo conciliatorio, el que podrá ser homologado por la Comisión Médica para tener fuerza obligatoria, excluyendo de cualquier reclamo judicial posterior. En caso de disconformidad de alguna de las partes, solamente resta la vía judicial.
A fines de evitar el deterioro de dicho ingreso por efectos de la inflación, se introduce una mejora en el cálculo del ingreso que impacta en la fórmula a fines de establecer las indemnizaciones.

Resumimos los principales aspectos abarcados por la norma:

• Comisiones Médicas Jurisdiccionales: órganos administrativos responsables de determinar el carácter laboral de una enfermedad, el grado de incapacidad y la correspondiente indemnización. Se encuentra integrada por médicos, y deberá ser de asistencia obligatoria para el trabajador, de manera previa a iniciar un juicio.

• Comisión Médica Central: órgano administrativo al que puede acudir cualquier actor del sistema que muestre disconformidad con la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional. La norma intenta obligar al trabajador a agotar estas instancias antes de iniciar un reclamo judicial.

• Patrocinio Letrado: con el fin de resguardar sus derechos en la instancia administrativa, el trabajador debe actuar con patrocinio letrado y los honorarios profesionales que correspondan por dicho patrocinio y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación en esta instancia, estarán a cargo de la A.R.T.

• Indemnizaciones: se introdujo que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se desactualice por la inflación.

• Rescisión del contrato de afiliación: se establece que la A.R.T. podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso que se verifique la falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o alternadas.

• Cobertura: se amplía de dos a tres meses el plazo durante el cual se encuentran cubiertas las contingencias que ocurran a los trabajadores de empresas cuyo contrato se extinguió por falta de pago.

• Autoseguro Público Provincial: se creará el sistema de “Autoseguro Público Provincial” para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

Sin dudas que habrá que determinar el concreto funcionamiento y los alcances de la norma en la práctica cotidiana, la que junto a las interpretaciones judiciales de la misma darán el efectivo marco en el cual tanto empresas, como ART y trabajadores deberán actuar.


Por Dr. Ezequiel Cortes | Asesor Legal UIBB

Tiempo Industrial 114 – Año 11 – Página 4