Conclusiones tras el fallo de la Corte sobre las costas por juicios laborales

Legales

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El máximo tribunal resolvió recientemente que cuando un trabajador que pierde por su propia culpa un juicio laboral, deberá pagar todos los gastos ocasionados en esa causa.Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia generó una alta repercusión en los medios de comunicación, al tratarse de una materia de alta sensibilidad en relación al trabajo, como lo son los resultados de los reclamos realizados por los trabajadores en sede judicial.
Como primera aproximación al caso en cuestión, recordamos a los lectores que el máximo Tribunal resolvió que cuando un trabajador inicia un juicio laboral y lo pierde por su propia culpa, debe pagar todos los gastos ocasionados en esa causa, en concepto de honorarios de los abogados y peritos que hayan intervenido.
La decisión del máximo tribunal –firmada por cuatro de sus cinco miembros- fue tomada en la causa “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de
Seguros Generales s/ accidente – ley especial”.
Según resumió la Corte Suprema en un comunicado, “Enrique López (trabajador) afirmó que en el trayecto hacia su trabajo había sufrido un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado. Por eso, reclamó ante la justicia laboral que la ART de
su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos del
trabajo”.
Sin embargo, apunta el tribunal, “pese a que fue citado en reiteradas oportunidades,
López jamás se presentó para que el perito médico designado por la justicia lo
examinara”, lo que “provocó que la acción fuera rechazada ante la imposibilidad
de comprobarse si efectivamente estaba incapacitado”.
Siendo un principio legalmente instituido que el perdidoso (en este caso el trabajador) abone las costas del proceso, en segunda instancia se resolvió que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio tenía que pagarlos la compañía aseguradora demandada pues, según dijeron esos jueces, de lo contrario se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado constitucionalmente.
La Corte Suprema, al tomar conocimiento del caso revocó esa decisión porque,
sostuvo, el rechazo de la demandada se debió a la actitud del trabajador, por lo que
“no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien
pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios”.
Si bien este fallo se rigió por las normas procesales nacionales, puesto que se
tramitó en la Ciudad de Buenos Aires, podemos encontrar similar normativa a la
vigente a nivel provincial (civil). En ese sentido, el Art. 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación indica:que “la parte vencida en el juicio deberá pagar todos
los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el
juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido,
siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento,
bajo pena de nulidad.”
Al respecto, la Ley de Procedimiento Laboral Provincial de Buenos Aires, consagra el
principio en el Art. 22 donde afirma que “los trabajadores o sus derecho-habientes
gozarán del beneficio de gratuidad. La expedición de testimonios, certificados,
legalizaciones o informes en cualquier oficina pública será gratuita. En ningún caso
les será exigida caución real o personal para el pago de costas, gastos u honorarios
o para la responsabilidad por medidas cautelares. Sólo darán caución juratoria de
pagar si mejorasen de fortuna.”
Como primera cuestión hay que diferenciar dos aspectos claros del asunto: 1) El
acceso a justicia, gratuito, para los trabajadores y 2) Las eventuales costas de un
proceso perdido para el trabajador Respecto del primer punto, es necesario destacar que el fallo de la Corte no cambia el criterio (y sentado en causa 4/2012 (48-K) Kuray, David Lionel s/ recurso extraordinario) que el acceso a peticionar vía judicial no puede quedar condicionado al pago de tasas, depósitos u otras cargas de índole pecuniaria. Estoconfigura una prerrogativa reconocida al trabajador dada su condición de tal, con elobjeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación
de trabajo.
El punto que se analiza es si se pueden imponer las costas de un juicio perdido a un trabajador. Aquí es donde el fallo sienta criterio.

 

Por Dr. Ezequiel Cortés – Asesoría Letrada UIBB

Tiempo Industrial Nro 107 – Año 11 – Página 20 y 21