Tiempo Industrial 108 - Sobre la nueva regulación en el contrato de cajas de seguridad

Sobre la nueva regulación en el contrato de cajas de seguridad

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El nuevo Código Civil y Comercial reguló la tendencia existente hacia la bancarización de la mayoría de los negocios y hechos económicos. Anteriormente, existían normas dispersas aplicables a la actividad bancaria, aunque varias de ellas ni siquiera tenían carácter legislativo como por ejemplo comunicaciones del BCRA.

El código recientemente modificado introduce una regulación general de los negocios bancarios, así como una reglamentación específica de la mayoría de los contratos que utilizan las entidades financieras.

De esta manera, podemos señalar que la nueva legislación establece, en su parte general, los principios de protección al cliente bancario, (resguardados también por la Ley de Defensa al Consumidor). En tanto, en la parte especial, regula concretamente los diversos contratos entre ellos, el depósito bancario, la cuenta corriente, el contrato de préstamo y el de descuento, el contrato de apertura de crédito, el servicio de caja de seguridad y la custodia de títulos. Alguno de ellos, a pesar de ser de uso corriente en la práctica bancaria y encontrarse reglamentados por el B.C.R.A., no estaban legislados.

Con referencia puntual al contrato de caja de seguridad y si bien el Código establece las obligaciones del prestador del servicio, no define concretamente el concepto del mismo, el cual la doctrina especializada lo señala como “un contrato por el cual el banco cede a un cliente por determinado plazo, el uso de un cofre o una caja de seguridad, instalada en el edificio donde la entidad desarrolla sus actividades, en un lugar especialmente construido y vigilado, mediante el pago de un precio, con la finalidad de que el cliente guarde allí determinados bienes”. Agregamos a la misma que el prestatario puede no ser una entidad financiera, siempre que la misma se encuentre registrada como tal ante el propio Banco Central.

Últimamente, las Cajas de Seguridad no bancarias son tendencia internacional. En tanto, en nuestro país, luego de la reforma del Código, esa contratación ya es posible, habiendo determinado estadísticas recientes de que en Argentina se registran disponibles aproximadamente medio millón de cajas de seguridad.

Volviendo sobre la normativa legal vigente, destacamos lo regulado por el artículo 1414 del Código, el cual establece que el banco prestador no puede convenir la eximición de su responsabilidad, cuya cláusula en su caso se tendrá por no escrita, estableciendo el nuevo orden normativo para casos de robo, que la prueba del contenido de la caja de seguridad, puede acreditarse por cualquier medio. De todas maneras, se permite que las partes determinen un monto hasta el cual la entidad depositante será responsable (clausula limitativa de la responsabilidad), siempre que la misma, no desnaturalice las propias obligaciones del prestador.

Justamente, una de las cuestiones que mayor controversia presenta en la materia, se refiere a la prueba de los objetos resguardados o depositados en una caja de seguridad bancaria, ante un robo o hurto.

En este punto, el art. 1415 del Código Civil y Comercial establece textualmente que «la prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio», lo que, en cierto modo, resulta lógico en virtud de la operativa que denota el servicio. El cliente-usuario utiliza el cofre de manera privada, sin que personal del banco le exija ninguna declaración de los efectos depositados, ni tenga acceso a la manipulación de estos.

De allí que haya adquirido importancia, en la especie, la prueba de «presunciones», las cuales deberán ser graves, precisas y concordantes y luego evaluadas por el juez interviniente, conforme a las reglas de la sana crítica.

Destacamos por último un fallo relativamente reciente que asienta tal criterio al disponer lo siguiente: «Nuestros tribunales han otorgado pleno valor probatorio a las presunciones -como las derivadas de la posición económica de la parte actora, la actividad empresaria realizada, el hecho de aparecer en eventos sociales luciendo las joyas supuestamente robadas con ulterioridad, la concordancia entre los objetos denunciados en sede penal y los mencionados en la demanda civil, las declaraciones juradas prestadas a los fines impositivos, entre otras-, las cuales deben ser apreciadas con parámetros de amplitud y prudencia por el juzgador, teniendo especialmente en cuenta que el depositario no controla ni la introducción ni la extracción de efectos personales de las cajas de seguridad, actividades que normalmente se realizan en el más absoluto secreto, con la mayor reserva y discreción (…). Incluso se ha optado por la admisibilidad de las denominadas pruebas compuestas , consistente en la combinación de pruebas simples imperfectas (indicios) que, consideradas aisladamente, no hacen prue ba por sí solas, pero que, consideradas en conjunto, llevan a un grado de convencimiento mínimo, suficiente para tener por acreditado el contenido atribuido a la caja de seguridad (conf. C.N.Com, Sala D, 12/8/1998, “autos”: “Gordon, Claudio Gallardo y otro c/ Banco Mercantil Argentino s/ Daños y Perjuicios)”.

Fernando Elías
Por Dr. Fernando Elías | 
Asesoría Letrada UIBB. Estudio Elías, Elías & Cortès

Tiempo Industrial 108 – Año 11 – Página 19