La obra pública mediante el sistema PPP

CEE - UIBB

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Desde 2016 en adelante, la modalidad de realización de obras públicas cambió radicalmente de sistema. Si bien comenzó con mucho ímpetu, el contexto económico actual plantea dudas, riesgos y dificultades. En esta nota, el alumno de LOI, Agustín Martínez, en el marco de su Práctica Profesional Supervisada, intentará resumir los principales aspectos.

Mucho se escucha hablar sobre el sistema de Participación Público-Privada que impulsa el Ejecutivo Nacional para desarrollar obra pública desde el año 2016.
En el siguiente informe se detallarán las áreas de aplicación y sus principales ventajas. Se presentarán a los proyectos PPP no sólo como una herramienta útil para el desarrollo de la infraestructura necesaria para satisfacer necesidades sociales, sino también como un medio que genera trabajo en aquellas empresas que participan en estos proyectos.
Además, se resaltará cómo el contexto económico actual afecta en el desarrollo de este tipo de programas de infraestructura. Por último, se mencionarán las distintas obras que se realizarán en nuestra zona.

La Participación Público-Privada (PPP)
El contrato de Participación Público-Privada (PPP) se trata de un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. Este acuerdo regula las responsabilidades de ambas partes como así también determina la remuneración que va a recibir el privado.
A su vez este tipo de sistemas prevén una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista en la cual este último asume la responsabilidad por gran parte del financiamiento del proyecto. Las obras son financiadas por el sector privado, evitando de esta forma el aumento de la deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado.
El modelo PPP constituye una herramienta para cubrir el gran déficit de infraestructura pública. Los contratos bajo esta modalidad podrán aplicarse a los siguientes rubros, entre otros:

• Viviendas
• Infraestructura
• Actividades y servicios
• Inversión productiva
• Investigación aplicada y/o innovación tecnológica

Los objetivos de este programa son principalmente atraer un volumen significativo de inversión privada y llevar a cabo inversiones en infraestructura con el fin de satisfacer demandas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Responsabilidades de las partes
Básicamente, las responsabilidades de las partes intervinientes, que deben quedar plasmadas en el contrato, son las siguientes:

Desarrollador (sector privado) Gobierno (sector público)
• Diseña el proyecto •Establece requisitos y la política pública
• Aporta el financiamiento • Puede otorgar concesiones
• Administra y mantiene los bienes • Lleva a cabo la supervisión

Ventajas y riesgos
Frente al sistema tradicional de realización de obra pública por parte del Estado, este nuevo modelo presenta algunas ventajas, pero también entraña ciertos riesgos. Entre las ventajas se pueden mencionar:

• No aumenta la deuda pública (típica vía de financiamiento para la obra pública).
• En general logra la reducción de los plazos de construcción.
• Constituye una herramienta para introducir eficiencia e innovación en servicios públicos.
• Ayuda a desarrollar a las empresas privadas nacionales.
• Permite al sector privado estructurar proyectos que estarían fuera de escala sin la participación del sector público.
• Genera incentivos para la participación de los privados. Por ejemplo, para los que participen en este tipo de proyecto se elimina la obligación de pagar el IVA como así se los exime del impuesto a las ganancias y a los beneficios eventuales.
Pero en contrapartida, el sistema entraña 3 riesgos principales:

• Riesgo de proyecto: La Administración introduce cambios en los planes originales.
• Riesgo político: tras elecciones, la nueva Administración puede oponerse a una PPP acordada con sus antecesores.
• Riesgo financiero: las condiciones económicas generan diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado. Sobre esto se ampliará en los párrafos siguientes.

Amenazas del contexto económico actual
Aunque había comenzado como un modelo promisorio, los cambios en el contexto económico ocurridos durante 2018 generaron un cúmulo de amenazas. Primeramente, por el incremento del costo financiero producto de la suba de tasas y la aceleración de la inflación. Este incremento podría generar que las obras terminen saliendo bastante más onerosas que lo previsto.

Otro problema importante es la obtención del financiamiento, que en estos programas es de al menos 70% del total. En este aspecto resulta importante destacar que en cuanto a los plazos y los montos es difícil que los bancos participen, sobre todo en un escenario financiero turbulento. Por otro lado, la alta volatilidad del dólar en los últimos tiempos es determinante, ya que se generan incrementos en los costos de las obras, ya que varios de los insumos utilizados dependen de su valor, así como la necesidad de equipamiento importado.

Box 1. Plan de infraestructura
La construcción de corredores de 2.500 kilómetros se divide en autopistas, rutas seguras y obras especiales. Vialidad Nacional estima una inversión de US$ 6.000 millones en los primeros cinco años y otros US$ 2.000 millones en los años 6 a 15 de la concesión. Los consorcios cuentan con 4 años para construir la infraestructura. Después, tendrán un plazo de 10 años para recobrar lo invertido. Lo harán a través de los peajes que cobrarán en los corredores y también por un fondo específico que se creará para tal finalidad. Los trabajos comprenden la construcción de 1.494 kilómetros de rutas seguras, 252 km de especiales, y 813 km de autopistas. Los 10 consorcios que se presentaron están conformados por 13 empresas nacionales y 7 internacionales.

Box 2. Obras del plan destinadas a la región
Corredor A
• Ubicación: Provincia de Buenos Aires
• Plazo del contrato: 15 años
• Longitud total: 706 km
• Costo: 1002 millones de dólares

Corredor B
• Ubicación: Buenos Aires- La Pampa
• Plazo del contrato: 15 años
• Longitud total: 538,6 km
• Costo: 1175 millones de dólares

Otras experiencias en el mundo
Caso mexicano
El país azteca apuesta a un esquema de concesiones donde es necesaria la inversión de recursos públicos y privados mediante mezclas de capital de riesgo privado, créditos bancarios y recursos federales y estatales en proporciones determinadas con base en las características de cada proyecto, lo que permite la obtención de una tasa de rentabilidad aceptable. Principalmente se aplica a la construcción de autopistas, el plazo de concesión puede ser hasta por 30 años, y la licitación se otorga a quien oferte las mejores condiciones en cuanto a costo-beneficio para el Gobierno Federal.

Caso canadiense
Las Asociaciones Público-Privadas en Canadá consisten en un contrato a largo plazo entre una autoridad pública y una compañía privada o un consorcio de compañías privadas para diseñar, construir, financiar, operar y mantener una infraestructura como una ruta, un hospital, o un colegio. Sin embargo, existen las siguientes excepciones:
• Proyectos de diseño, construcción, financiación: sobre los cuales el socio privado tiene poca o ninguna responsabilidad una vez finalizada la construcción de la infraestructura.
• Proyectos de diseño, construcción, financiación y mantenimiento: sobre los cuales el socio privado tiene responsabilidad por el mantenimiento de la infraestructura por un largo periodo (20 a 30 años o más).

Comentarios finales
El programa de Participación Público Privada no sólo constituye una herramienta para cubrir el déficit de infraestructura que tiene nuestro país, sino que también es una fuente de mano de obra para las empresas que operan en proyectos de esta modalidad.
Es necesario al momento de implementar el Programa de Participación Pública Privada (PPP) tener en cuenta cómo se han implementado en otros países y en función de ello considerar diversos problemas que se podrían generar, identificando soluciones para los mismos.
Uno de los problemas más importantes que tiene este plan es que es frágil al contexto económico, el cual en Argentina es altamente volátil. En este sentido resulta indispensable previsibilidad tanto económica como política, que permita proyectar a largo plazo.
Allí radica la importancia de poder diseñar, sostener y desarrollar un plan económico de mediano y largo plazo, con el consenso de todos los actores sociales y con directrices que no se modifiquen aun si hubiere cambios de gobierno.

Por Agustín Martínez. Alumno avanzado de LOI (UTN FRBB) realizando su Práctica Prof.Supervisada en el CEEUIBB

Publicado en Tiempo Industrial 122 | Año 12