La prescripción de impuestos en el nuevo Código Civil y Comercial

Legales

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Pretende disminuir la elevada litigiosidad que presenta el sistema para conseguir una mejor eficiencia en la administración de los recursos. La práctica cotidiana y las interpretaciones determinarán sus alcances.

La figura jurídica de la prescripción, regulada en general en el Código Civil y Comercial, encuentra su fundamento en razones de seguridad, orden y paz social, pues al Derecho le interesa de sobremanera concluir con ciertas situaciones inestables, impidiendo que puedan ser materia de revisión después de pasado cierto tiempo, otorgándole de esa manera certeza a los derechos.

El profesor Jorge Llambías, en su “Tratado del Derecho Civil”, sostiene que la prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo genera la modificación sustancial de un derecho en virtud de la inacción de su titular, quien pierde así la facultad de exigir su cumplimiento en sede judicial.

El nuevo Código establece una interpretación correcta del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, al manifestarse respetuoso de las potestades tributarias de las provincias para regular todo lo concerniente a los tributos locales.
En ese sentido, el artículo 2.532 establece lo siguiente en cuanto al ámbito de aplicación de las disposiciones de la prescripción:
“En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos” (el subrayado es propio).
Luego de ello, el artículo 2.560 del mismo Código señala que “el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”.
De esa manera, el nuevo código, si bien establece un plazo de prescripciòn genérico de cinco años, deja a las Provincias la facultad de determinar un plazo menor que, por lo general, es de dos años.

De allí surge la discusión judicial y doctrinaria sobre su real aplicación, ya que el propio Código, también destaca en su artìculo 2.562 que prescriben a los dos años, los reclamos de todo lo que se devengue por años o plazos periódicos más cortos (con la excepción que se trate del reintegro de un capital en cuotas).
Más allá de lo manifestado en relación al plazo de prescripción liberatoria en materia impositiva, donde como sostuve el propio Código delega a los ámbitos locales para que estos determinen los mismos, no sucede lo mismo respecto del cómputo de plazo, es decir, desde cuándo se empieza a contar dicho lapso de tiempo.
Aquí el artículo 2.554 establece la siguiente “Regla General”: el transcurso del plazo de prescripción comienza en el día en que la prestación es exigible.
De esta manera, y a diferencia de lo normado en cuanto al tiempo de prescripción, parece que no existe delegación a los poderes locales (las Provincias) para que estas determinen el modo del cómputo. Por eso, habrá que estar atentos a cuál es la interpretación que se le otorga a este precepto.

En ese sentido cabe preguntarse: ¿existe en el nuevo Código Civil y Comercial delegación a los poderes locales para que, además del plazo, las Provincias determinen el cómputo del plazo de prescripción?
En principio, del texto manifiesto que la respuesta es negativa, pero de todos modos será la jurisprudencia la que defina el punto en cuestión.
Otro interrogante que surge tiene que ver con los plazos de prescripción llevados a cabo antes de la aparición del nuevo Código.

En ese sentido, parte de la doctrina interpreta que, según la regla del art. 2537 del C.C.y C., los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. En tanto, otra parte interpreta lo contrario, al sostener que el nuevo ordenamiento, se aplica también a los plazos de prescripción en curso.

Sin embargo, no se puede hablar de ley antigua y ley nueva en conflicto, toda vez que el nuevo C.C.y C. no es una nueva ley que regule el plazo de prescripción de manera diferente respecto de las obligaciones tributarias locales, pues al remitirse a las legislaciones provinciales en cuanto al punto, reafirma la vigencia de los códigos tributarios locales, preexistentes al C.C y C. y por ello no son leyes nuevas.
A todo evento, y si bien la reforma resulta clara en cuanto a la delegación a las jurisdicciones locales para establecer los plazos de prescripción, no es clara si ello abarca también las facultades para establecer la forma de cómputo, la suspensión y e interrupción de la prescripción de las obligaciones tributarias locales.
La fragmentaciòn de criterios uniformes sobre el plazo de prescripción afecta los principios de certeza y seguridad jurìdica, correspondiendo al Poder Judicial, pronunciarse sobre las leyes provinciales cuando estas establecieran plazos de prescripción irrazonables o arbitrarios.
En definitiva, la reforma ha sellado la suerte de algunos tópicos de la prescripción tributaria a la luz del art. 75 inc 12 de la Constitución Nacional, pero sigue abierto el debate y la labor jurisprudencial para resolver otros debates aún no esclarecidos.

Fernando Elías

Por Dr. Fernando Elías | Asesor Legal UIBB – Estudio Elías, Elías & Cortes

Tiempo Industrial 115 – Año 11 – Página 3