Sobre el derecho a huelga

Legales

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La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo, el pasado 25 de junio, un paro nacional. Al respecto, buscaremos brindar algunas aproximaciones al marco legal existente en el llamado a huelga.

Es resaltable que la legislación regulatoria del derecho otorgado a los trabajadores, deriva de los principios expresados por el texto de la Constitución Nacional, en su reforma del año 1957.

Dicha reforma incluyó el Artículo 14 bis, que incorpora a la Carta Magna derechos de carácter laboral y social, textualmente indica:”…El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

Del texto transcrito, surgen una serie de derechos entre los cuales se destaca el que motiva estas líneas.
Es decir, la decisión de la Confederaciòn General del Trabajo de realizar una convocatoria a huelga es el ejercicio de un derecho legítimo, una simple ejecución de los derechos de carácter laboral.
No quedan dudas que este derecho debe ser entendido e interpretado en consonancia con el resto de las leyes que regulan su ejercicio.
Completando el marco legal del asunto, se destaca la reforma a la Constitución Nacional del año 1994, que incluyó con rango Constitucional una serie de tratados internacionales (artículo 75, inciso 22), entre los que se deben destacar al respecto:
-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Estos Pactos ratificados por Argentina e incorporados a la Constituciòn, constituyen también el marco normativo de los derechos otorgados a los trabajadores a fines de ejercer legítimamente sus reclamos.

Es de destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, en autos “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, estableció distintas definiciones, que nos sirven para aclarar el instituto:
*La huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral, que obstaculiza el normal desarrollo de las actividades de producción de bienes o de prestación de servicios.
*Las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, también afectan a los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios.
*El desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión tanto con los derechos del empleador como con derechos de terceros o de la sociedad que también están amparados por la Constitución Nacional (el derecho a la educación, a la protección de salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y vestimenta, a que se asegure la calidad y eficiencia de los servicios públicos, etc.).
*Esa tensión entre derechos de difícil armonización ha sido resuelta subordinando el ejercicio del derecho a huelga al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos. Y uno de esos recaudos es el de que la decisión de ir a la huelga sea adoptada por una asociación gremial.
El fallo citado, que trata sobre el alcance del derecho de huelga por parte de las organizaciones gremiales, exigiéndoles principios de libertad sindical y de democracia interna y, a tal efecto, les ha impuesto el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas.

Dentro del marco regulatorio del derecho a huelga se encuentran leyes de rango inferior como la Ley 25.877 que, en el Artículo 24, establece la garantía de los servicios mínimos que obsten a la interrupción de aquéllos:”… Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.

Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo….”
Asimismo, se consagran normativamente los mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje (voluntario) en los conflictos colectivos como condición previa a la declaración de la huelga, en la medida en que sean adecuados, imparciales y rápidos, y que las partes puedan participar en cada etapa.
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 10.149 establece competencia al Ministerio de Trabajo para entender en este tipo de conflictos y es mediante una presentación formal ante dicho organismo en el cual se aproximan los intereses encontrados entre las partes protagonistas de un vínculo laboral.

Por Dr. Ezequiel Cortés | Asesor Legal UIBB

Tiempo Industrial 118 – Año 11 – Página 4